Diferencias entre SARLAFT y SAGRILAFT

Aunque SARLAFT y SAGRILAFT tienen el mismo propósito de prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros riesgos asociados, su aplicación depende del sector económico y de la autoridad que los regula. Conocer sus diferencias permite a las organizaciones implementar el sistema adecuado y cumplir con las obligaciones legales aplicables.

Diferencias entre SARLAFT y SAGRILAFT

SARLAFT

SAGRILAFT

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y otros riesgos asociados.

Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM.

Es exigido por entidades de supervisión sectoriales, como la Superintendencia de Transporte, la Superintendencia Financiera y otras autoridades según el sector.

Es exigido por la Superintendencia de Sociedades para las empresas obligadas por su regulación.

Su aplicación depende de los criterios establecidos por la autoridad competente para cada sector económico.

Aplica a empresas que cumplen los requisitos definidos por la Superintendencia de Sociedades.

Se enfoca en identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos de LA/FT conforme a la regulación sectorial.

Integra el autocontrol, la gestión del riesgo y la prevención del LA/FT/FPADM (Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva).

Puede establecer requisitos específicos según la actividad económica supervisada.

Sigue los lineamientos definidos en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.

¿Qué tienen en común?

  • Buscan prevenir el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT).
  • Exigen aplicar un enfoque basado en riesgos.
  • Requieren procesos de debida diligencia y conocimiento de clientes, proveedores y demás contrapartes.
  • Incluyen monitoreo de operaciones, identificación de señales de alerta y conservación de registros.
  • Promueven la capacitación del personal y la mejora continua del sistema.

Implementar el sistema que corresponde a la regulación aplicable fortalece el cumplimiento normativo, protege la reputación de la organización y reduce la exposición a riesgos legales, financieros y operacionales.